Lo que prometía ser un tratamiento revitalizante terminó en tragedia. Pacientes que acudieron confiados a la clínica del doctor Jesús Maximiliano Verduzco Soto recibieron vía intravenosa sueros supuestamente vitaminados, pero que en realidad provocaron una reacción inmunológica devastadora.
Cabe destacar que, los síntomas fueron brutales: daño renal agudo, falla hepática, diarrea severa y vómito constante. En promedio, la agonía duró apenas un par de días. Hasta el momento se reportan ocho personas muertas y al menos tres más hospitalizadas de urgencia, algunas en estado grave.
CLÍNICA CON SELLO OFICIAL…
Desde 2004, la clínica del doctor Verduzco contaba con registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Ese documento oficial fue suficiente para que decenas de pacientes pusieran su salud —y su vida— en sus manos, confiando en que se trataba de un establecimiento regulado.
Tras las primeras muertes, autoridades de Cofepris y la Secretaría de Salud de Sonora ingresaron al lugar y descubrieron un panorama alarmante:
– Equipos y herramientas médicas contaminados.
– Los “sueros” eran elaborados de forma artesanal en el propio consultorio.
– Se promocionaban productos engañosos, incluyendo supuestas células madre, un insumo sin respaldo científico ni autorización regulatoria.
– El médico aplicaba los sueros incluso a domicilio, una práctica que en México no cuenta con regulación sanitaria adecuada.
AUTORIDADES OMISAS
El doctor Verduzco Soto es buscado por la Fiscalía de Sonora, ya lo tiene acorralado. Se le investiga por homicidio culposo y mala praxis médica. Sin embargo, la tragedia pone en evidencia fallas mucho más profundas.
Consultorios y clínicas privadas no reciben supervisiones frecuentes. No existe una norma clara que regule la preparación y administración de soluciones intravenosas dentro o fuera de establecimientos. Tampoco hay vigilancia efectiva sobre servicios de salud promocionados en redes sociales.
El suero de la muerte no puede quedar impune. La responsabilidad principal recae en el médico que preparó y aplicó sustancias peligrosas, pero también en las autoridades sanitarias que fallaron en su labor de vigilancia y control.
Este caso debe servir como alerta urgente: La confianza ciega en un título y un registro oficial no basta. La salud de las personas no puede seguir dependiendo de supervisiones inexistentes ni de promesas milagrosas sin sustento científico.
Las investigaciones continúan. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas claras sobre cómo fue posible que un “tratamiento revitalizante” se convirtiera en una sentencia de muerte.
